Logroño,
8 de noviembre de 1,610. En un auto de fe que congrega a más de treinta mil
espectadores, la Inquisición quema a seis personas y otras cinco más lo son en
efigie, fruto de un proceso llamado a convertirse en el más importante de los
seguidos en España contra la brujería, tanto por el número de implicados como
por las consecuencias de sus debates teóricos.
El año 1.609, el juez francés Pierre de Lancre, condenó a muerte en las entrañas fronterizas de Laburdi a más de cien personas acusadas de tener pacto con el diablo.
El miedo
a la hechicería se contagió rápidamente a la vecina Navarra española, dada su
proximidad, y ese mismo año comenzaron a llegar denuncias hasta Logroño
procedentes del apartado valle vasco navarro de Zugarramurdi.
Sus inspiradores eran el vicario de Vera de Bidasoa y el señor de Alzate,
Cuarenta
personas fueron llevadas a la capital riojana y juzgadas en esta fecha.
La
Inquisición proclamó un edicto de fe animando las inculpaciones.
El
miembro más joven del tribunal, Alonso Salazar y Frías, viajó hasta la zona y
regresó con mil ochocientas dos confesiones de
las que mil trescientas ochenta y
cuatro correspondían a niños y cinco mil
nombres de personas que no se habían presentado a declarar.
La mayor
parte de estas confesiones según consta fueron logradas mediante amenazas y
torturas, casi siempre era una respuesta histérica fruto de la ignorancia y de los
temores de la época.
El
Inquisidor Salazar se convirtió en el protagonista de la causa, porque a partir
del año doce, (1612) comenzó a disentir
del parecer de sus otros dos colegas, Juan del Valle Alvarado y Alonso Becerra
Holguín, prestigiosos teólogos y juristas.
Advertía
Salazar que aunque los razonamientos de la causa fueran acordes con la
doctrina, no existían pruebas reales a la hora de administrar justicia, tan
solo testimonios y autoacusaciones, siempre muy
parecidos y enfrentados con la lógica.
Envió
informes por separado hasta la Suprema de Madrid, en los que recomendaba
suspender también las predicaciones y fue perseguido por sus compañeros que
llegaron a considerarle un enviado del demonio,
Aunque un poco más tarde para algunos implicados, en Madrid se hizo caso de la minoría, y el proceso quedó paralizado. Frente a la <<caza de brujas<< que reinaba en toda Europa, los inquisidores prefirieron en adelante seguir aplicando penas leves a los acusados o a considerarlo todo como fruto de un desvarío.
La abolición de la Inquisición española se produjo en cuatro tiempos. En diciembre de 1808 fue suprimida por Napoleón Bonaparte, mediante la doctrina de Chamartín, aplicada en la España afrancesada, mientras que en la España patriota, la abolición se produjo por las Cortes de Cádiz el 28 de febrero de 1813.
En julio de 1814 fue restaurada por el rey Fernando VII junto
con todo el antiguo régimen, al ordenar le quitasen de en medio los acuerdos de
las Cortes, pero el 9 de marzo de 1820 fue de nuevo suprimida por el mismo rey,
obligado por el triunfo del pronunciamiento de Riego que restableció la
Constitución de 1812.
Tras la recuperación
de sus poderes absolutos en octubre de 1823, gracias a la intervención de los
cien mil hijos de San Luis, que pusieron fin al Trienio Liberal.
Fernando VII no
restableció la Inquisición, en su lugar funcionaron en algunas diócesis unas
Juntas de Fe.
En julio de 1834 al
inicio de la Regencia de María Cristina de Borbón, liberal moderado de
Francisco Martínez de la Rosa, aprobó un decreto cuya disposición primera decía
<<Se declara suprimido definitivamente el Tribunal de la Inquisición en
España<<, siendo la cuarta vez y la última abolición de la Inquisición en
España.
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