Hachazo consumado al Trasvase del Tajo al Segura.
Teresa Ribera subirá los caudales ecológicos sin condiciones, y le da la
puntilla al acueducto a cambio de más desalación.
La cuenca del Segura se
enfrenta a partir de ahora a «un coste económico, social y ambiental totalmente
desproporcionado», así como a una serie de «efectos contractivos indirectos e
inducidos en cascada en la actividad económica de la Región». Así evalúa la
Confederación Hidrográfica del Segura el impacto que causará en las zonas
regables del Trasvase el aumento de los caudales ecológicos del Tajo en los
próximos años. Con la protesta de los regantes ante el palacio de La Moncloa,
el Consejo de Ministros aprobó este martes el Plan del Tajo, que recortará de
forma significativa las transferencias al Levante, sobre todo para los
regadíos.
A pesar del dictamen del
Consejo de Estado, que recomendaba hacer compatibles los caudales ecológicos
con el Trasvase, la ministra Teresa Ribera no varió su hoja de ruta y
especificó en rueda de prensa que, «en el peor escenario», habrá una reducción
del envío de agua al Levante que oscilará entre 70 y 110 hectómetros cúbicos en
el horizonte del año 2027.
Indicó que esta merma se
prevé compensar con 140 hectómetros correspondientes a la desalación. Como
temían los regantes y las Mesas del Agua del Levante, la ministra ha hecho
oídos sordos a sus reivindicaciones y aplicará su plan a rajatabla para reducir
el Trasvase y aumentar la desalación. La subida de los caudales y el recorte
del Trasvase será una realidad a partir de la publicación en el BOE, frente al
paquete de promesas y medidas por ejecutar del Ministerio,
López Miras
reitera que interpondrá un recurso ante el Tribunal Supremo por el Plan del Tajo
El recorte representa
una reducción del 40% de las transferencias del agua del Tajo para el regadío
de la cuenca del Segura. Los regantes discrepan de la oferta de desalación, ya
que consideran que los recursos adicionales reales, sobre la producción que ya
existe, no llegarán a los 40 hectómetros para los cultivos, según el Plan de
Cuenca del Segura.
La ministra ha dejado en
papel mojado un acuerdo previo con Ximo Puig y José Vélez para amortiguar el
impacto en el Trasvase. Mientras que los regantes se manifestaban a las puertas
de La Moncloa, Teresa Ribera explicó que el caudal mínimo se incrementará en el
Alto Tajo de 6 a 7 metros cúbicos por segundo durante los tres próximos años. A
partir de 2026 subirá a 8, y en 2027 a 8,6, como recoge el Plan del Tajo. El
texto del real decreto por el que se aprueba la mayoría de planes de cuenca
pasará al BOE para su aplicación inmediata. La redacción recoge algunos cambios
que no alteran el objetivo del Gobierno de Pedro Sánchez. La novedad es que se
elaborará en un plazo de 18 meses un nuevo sistema de cálculo de los caudales
ecológicos, como proponía el Consejo de Estado.
«Compromiso con el Levante»
La vicepresidenta
consideró que hay tiempo para disponer de «recursos adicionales» en el Levante
a través de la desalación principalmente. Expuso que con las medidas
alternativas se pueden obtener 140 hectómetros los próximos años. «Es un
volumen superior al agua que como muchísimo se dejaría de trasvasar»,
apostilló. «No se puede controlar lo que llueve, pero sí lo que se desala»,
dijo. «Alicante, Murcia y Almería tendrán agua», apostilló.
El presidente de la Junta de Andalucía tacha de «disparate»
el recorte del Trasvase
Teresa Ribera expuso el
paquete completo de su plan para sustituir el agua del Tajo por agua desalada y
manifestó que existe «un compromiso total del Gobierno con el Levante», que
considera la zona con las «cuencas más secas» y requieren inversiones adicionales.
Apostó por una gestión integral de los recursos, ya que a su juicio no puede
ser que por «una mala gestión», resulte más barata el agua de los acuíferos que
la desalada. La nueva planificación nacional incluye una inversión de más de
22.000 millones de euros.
Vélez guarda silencio, Moreno alerta del «disparate» y Puig
seguirá «dialogando»
LV /
CARTAGENA.
Subvencionar la desalación
Recordó que a
consecuencia del cambio climático se han reducido las aportaciones de agua en
un 12%, y que las proyecciones hasta 2050 muestran una disminución adicional
del 14 al 40%. Consideró que hay que anticiparse y «asegurar la disponibilidad
de agua en las zonas con mayor riesgo». Apuntó que por vez primera se fijan
caudales ecológicos en el Tajo, el río más caudaloso, los cuales pretenden
aplicar de forma que «no suponga ningún riesgo para la disponibilidad de
recursos suficientes en la cuencas receptoras» del Trasvase. Teresa Ribera
señaló que el Gobierno no quiere que
haya una «carga inasumible» a los agricultores por lo que habrá un precio tope
de 34 céntimos para el agua desalada. Dicha tarifa es un precio base ofrecido
por el Ministerio, pendiente de que los regantes acepten y firmen los convenios
con Acuamed. El aumento de la desalación con energía fotovoltaica y la
interconexión de las plantas supondrán 547 millones de euros de inversión.
Un dudoso guiño a Ximo Puig para calcular los caudales
ecológicos
A raíz de las
objeciones el Consejo de Estado, el Ministerio ha introducido una nueva
disposición para que en el plazo de 18 meses desde la entrada en vigor del
decreto, se apruebe una orden que actualice la instrucción de planificación
hidrológica. «En particular, la orden fijará los criterios técnicos y
metodologías para la determinación de los caudales ecológicos para el conjunto
de las demarcaciones hidrográficas, con las especificidades que se requieran»,
señala el texto. Se trata de una concesión a Ximo Puig, aunque existen dudas
sobre qué consecuencias prácticas tendría en la subida programada de caudales,
ya que cualquier revisión se deja para el siguiente ciclo de planificación. El
decreto especifica asimismo que habrá un seguimiento detallado del estado de
las masas de agua, y que se analizará «el impacto de los caudales ecológicos
sobre las cuencas receptoras de Trasvase», teniendo en cuenta las medidas de la
CHS para mitigar los efectos.
El decreto indica que hay que esperar a 2027 para
hacer cambios
El decreto aprobado
señala que a partir del año 2025 se evaluaran los resultados de la aplicación
del caudal ecológico y su impacto en el Trasvase, pero los resultados se
aplicarán en el siguiente ciclo de planificación, a partir de 2027. La ministra
hizo un «reconocimiento expreso» al presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo
Puig, por su voluntad para que estas inversiones sean «transparentes» y
«participadas». Sobre el dictamen del Consejo de Estado, dijo que el Gobierno
ha leído «con atención» las recomendaciones de este organismo, que tiene un
enfoque «adecuado».
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