Vuelve el conflicto territorial por el agua. Lo hace en un
contexto de más escasez que nunca y por ahí lógicamente vienen los problemas.
El nuevo plan hidrológico del Gobierno plantea un aumento del caudal ecológico
del Tajo, lo que irremediablemente significa una reducción del trasvase a la
cuenca del Segura. Y aquí hay dos autonomías que se sienten claramente
perjudicadas. La Comunidad Valenciana, gobernada por el socialista Ximo Puig, y
la Región de Murcia, de gobierno popular. Los agricultores de estos territorios
explican que se les condena a la utilización de un agua, la desalada, que aun
estando subvencionada es mucho más cara que el agua del trasvase. Estar a las
puertas de unas elecciones autonómicas no ayuda a rebajar la tensión y el presidente
valenciano ya ha llamado a la presidenta del Consejo de Estado para presentar
alegaciones antes de que este órgano emita su informe final.
El PP
regional arremetió
ayer contra el secretario de Estado de Medio Ambiente Hugo Morán, y aseguró
«no tiene autoridad para seguir siendo responsable de Medio Ambiente en el
Gobierno central porque ha engañado a toda la Región de Murcia». De esta forma
respondía la coordinadora general del PP, Rebeca Pérez, a las declaraciones
realizadas por este alto cargo nacional en la entrevista publicada ayer
por La Opinión. Entre otras cosas, Morán acusó a los populares
murcianos de utilizar la «guerra del agua» en
fechas preelectorales y al presidente autonómico, Fernando López Miras, de
faltar a la verdad cuando asegura que las nuevas reglas del Trasvase
Tajo-Segura no se sustentan en criterios técnicos.
Según la
portavoz popular, «lo que tiene que hacer (Hugo Morán) es escuchar
el clamor del millón y medio de ciudadanos de esta tierra
y dimitir junto con la ministra, Teresa Ribera que es la que más daño ha hecho
a esta comunidad».
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